Saltillo, Coahuila
a 17 de Mayo de 2012
* A la Opinión PúblicaFalla Estado Mexicano en la garantía de protección a personas migrantes en tránsito por México.
* Defensores de Migrantes siguen siendo víctimas de agresiones por su trabajo pese a la nueva Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos.
Pese a las recomendaciones de la Relatoría para los Trabajadores Migrantes y sus Familiares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de los múltiples esfuerzos realizados por las Organizaciones de la Sociedad Civil, específicamente aquellas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes indocumentadas en tránsito por México, el Estado Mexicano no ha sabido dar respuestas concretas en el tema de protección a migrantes, quienes han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos de forma múltiple por varios años incluso en un solo evento.Es el caso en esta ocasión del migrante de origen Hondureño, Melvin Leonel Meril Sosa, quien fue ultimado en el municipio de Celaya, Guanajuato encontrándose a un lado sobre la tierra la letra Z1; con este ya suman más de 200 migrantes asesinados -y que tenemos conocimiento- en México durante su viaje hacia los Estados Unidos en el periodo de Agosto del 2010 a Mayo del 2012. Esto sin olvidar la reciente masacre de los 49 cuerpos cercenados encontrados en Cadereyta Nuevo León, de quienes el Gobernador del Estado de Nuevo León no descarta la posibilidad de la existencia de migrantes entre los cuerpos.
Desde el 2009, los defensores de derechos humanos que colaboran en el Albergue San Juan Diego, en Lechería, Tultitlán en el Estado de México, han recibido agresiones debido al trabajo de asistencia humanitaria y de protección que realizan en favor de personas migrantes, mismo que ha causado molestias a los habitantes de la colonia quienes han amenazado incluso de incendiar el inmueble. Lo mismo que una serie de incidentes de seguridad en los que se involucran miembros de la delincuencia común, organizada y la colusión de autoridades, tales como hostigamientos, amenazas y allanamientos.
El Padre Alejandro Solalinde Guerra, con Medidas Cautelares ordenadas por la CIDH, director del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, ha tenido que abandonar el país por un periodo corto de tiempo, debido a que el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Gobierno Federal, no ha sabido ni querido brindarle la protección necesaria como defensor ni como víctima del delito por las reciente amenazas de muerte lanzadas en su contra por elementos del crimen organizado y el hostigamiento por parte de autoridades, según sus declaraciones, dejándole como única estrategia su salida. El equipo del Padre Alejandro Solalinde, sufre también hostigamientos y amenazas, completamente ligados a su labor de asistencia y de protección a migrantes indocumentados en tránsito.
Como organización que trabaja en la defensa y protección de personas migrantes, también con Medidas Cautelares ordenadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, nos preocupan dichos incidentes, tomando en cuenta que recientemente en el municipio de Piedras Negras, la marina rescató a 18 migrantes capturando a dos de sus secuestradores, y dado el alto número de migrantes que llegan al albergue (317 atendidos tan sólo hoy 17 de mayo), nos pone en situación de alerta ante un posible incremento de agresiones contra migrantes en el Estado de Coahuila.
Por tanto y con el escenario de la falta de voluntad política por parte de los gobiernos, nos manifestamos en contra y reprobamos dichos incidentes; toda vez que exigimos que el Gobierno Federal, en conjunto con los Gobiernos Estatales y Municipales, ordenen la pronta investigación de los diferentes incidentes, se atiendan las recomendaciones hechas por la Relatoría para los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la CIDH, y se garantice las protección de las personas migrantes indocumentadas en tránsito por México y la de sus defensores y defensoras.
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