Por Eduardo González Velázquez
México es un país de migrantes al menos por cuatro vías, a saber: los
cientos de miles de paisanos que huyen de nuestro país hartos de no
encontrar un futuro, principalmente rumbo a Estados Unidos; los miles de
centroamericanos que diariamente ingresan por el sur de la República
también con la mirada puesta en el vecino del norte; los millones de
campesinos que se mueven a lo largo y ancho de México en busca de empleo
y vivienda en las parcelas nacionales; y al menos un millón de
estadunidenses que se han mudado a nuestras tierrasbuscando el mayor
rendimiento de sus pensiones y condiciones climáticas más favorables.
A querer o no, si tomamos en cuenta el contexto de nuestra sociedad migratoria, resulta complicado entender los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Personas migrantes
(Enadis) 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México, dados a conocer esta
semanaen la Secretaría de Gobernación (La Jornada, 29 de febrero de 2012).
La Enadis nos muestra que los migrantes en general son el tercer
grupo de población más discriminado en México. Cuatro de cada diez
mexicanos consideran que en México no se respetan los derechos de los
migrantes, la percepción aumenta al referirnos únicamente a los
centroamericanos, pues cinco de cada diez piensan que sólo se respetan
“algo o poco”, y tres de cada diez opinan que “no se respetan nada”.
Siete de cada 10 consideran que los migrantes provocan divisiones en la
sociedad, y 27 por ciento no aceptaría que en su casa vivieran
extranjeros. Más de la mitad de la población cree que para atender la
demanda de empleo por parte de migrantes el “gobierno” debería de crear
más puestos de trabajo, y dos de cada diez consideran que el control de
la migración sería una solución, esta última percepción cruza
necesariamente por el terreno de la criminalización de los “sin
papeles”.
Desde el divisadero migratorio, la tercera parte de los migrantes
entrevistadas acepta que en México no se respetan sus derechos y cerca
de la mitad afirma que el desconocimiento de los problemas a los que se
enfrentan impide que la sociedad se comprometa en su solución.20.5 por
ciento piensa que como consecuencia de su condición migratoria
“irregular”, el principal problema que viven es la discriminación, 23
por ciento opina que es la falta de empleo, y 17 por ciento asegura que
es la inseguridad
Al dividir las respuestas según la zona geográfica en la que fueron
realizadas, el Conapred y la UNAM descubrieron que en los estados del
centro y sur del país (Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Distrito
Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Tabasco,
Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca) la mayoría de la población tiene
la percepción de que no se respetan los derechos de las personas
migrantes.
En Tabasco y Veracruz 42 por ciento considera que no se respetan, y
35.7 por ciento que sí se respetan los derechos de las personas
migrantes, hoy por hoy, estos dos estados se significan como una de las
territorialidades migratoria más violentas del país (Enadis, 2010).
Llama la atención que los migrantes centroamericanos sean
considerados por una parte de la población como los causantes directos
del clima de violencia que recorre México, cuando son precisamente ellos
quienes padecen robos, extorsiones, torturas y secuestros, no solo a
manos de miembros de la sociedad en general, sino de funcionarios de los
tres niveles de gobierno, así como de todas las corporaciones
policiacas y del Ejército y Marina. Este universo de abusos en muchas
ocasiones no es denunciado por los migrantes por el temor de ser
deportados a sus lugares de origen debido a no contar con los “papeles”
necesarios para transitar en nuestro país.
La discriminación y el abandono en el que se mueven los exiliados
económicos en México no termina con los centroamericanos, los mismos
campesinos nacionales que recorren los campos de cultivo del país en
busca de trabajo y alimento experimentan condiciones de discriminación. A
no dudar, las condiciones de vida de los campesinos e indígenas en los
campos de cultivo no son las mejores.Al atender los resultados de la
Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas realizada por la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), podemos observar que en México 26 por
ciento de la población jornalera es migrante, y se emplean en el campo,
sin contrato formal.
Según varios organismos civiles, coordinados por la
Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes presentaron en la Ciudad
de México su primer informe, denominado Migrantes somos y en el camino andamos (La Jornada,
29 de febrero de 2012).En algunos campos de cultivo de Sinaloa los
cuartos para vivir son de 3×4 metros, el piso es de tierra, y no cuentan
con ventanas. Además de no contar con la infraestructura necesaria para
atender las necesidades educativas y de salud de los menores que
acompañan en el periplo migratorio a sus padres. Solo 25 por ciento de
los jornaleros son registrados por sus patrones ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Frente a esta pesada realidad se impone visibilizar al migrante,
dejar de huir del diferente y aprender a mirarnos en el otro. En tanto
no aceptemos el permanente flujo y reflujo de personas que atraviesan
por nuestra territorialidad estaremos impedidos como sociedad para
caminar por los espacios de la diversidad, la pluralidad, la inclusión y
la equidad social.
* Publicado originalmente en La Jornada JALISCO, 2 marzo 201. Link [goo.gl/KZERl]
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