por José Moreno Mena
Las
organizaciones civiles en México han desempeñado un papel cada vez más
activo en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Poco a
poco se han convertido en la voz de esta población vulnerable, lo que ha
despertado malestar en distintos espacios gubernamentales y, sobre
todo, en el crimen organizado. Desde distintos frentes se ha tratado de
silenciar sus tareas y el entorno de inseguridad y violencia que vive el
país, agravado por la política de seguridad seguida por el gobierno
mexicano, los ha vuelto más vulnerables. El hostigamiento, las amenazas
de muerte, la privación de la libertad y los intentos de linchamiento
social hacia líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos
hacen de la defensa de las personas migrantes actualmente un gran riesgo
Políticas de seguridad y migratoria
Ante
el clima de violencia e inseguridad que encontró Calderón durante su
ascenso a la Presidencia de la República, el ejecutivo federal optó por
una estrategia basada en el uso de la fuerza y enfocada hacia la
militarización. El presidente decidió emplear las maltrechas
instituciones de seguridad pública para llevar adelante una “guerra”
contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en
el país, y asignó al Ejército un rol central en su estrategia de
seguridad pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los
carteles mediante el uso de la fuerza. Así, el presupuesto en ese rubro
ha venido creciendo año con año: entre 2006 y 2010 aumentó 249.7% (Loeza
y Pérez, 2010), y, mientras que en 2001 se erogaron para seguridad
7,245 millones de pesos, en 2011 se aprobaron 135,663.2 millones de
pesos a ejecutarse en 2012 (Avelar, 2011).
Desde
su inicio, la política de seguridad del gobierno de Calderón se
desarrolló con una serie de fisuras que no han sido resueltas en la
actualidad: corrupción en las instituciones de seguridad; infiltración
del crimen organizado en los mandos policiacos de todos los niveles;
altos grados de impunidad; y discrecionalidad y opacidad en los
programas de seguridad. Sin embargo, lo que más se ha cuestionado es que
no contempló la seguridad humana y la protección de las personas que
saldrían afectadas. En el informe 2010 de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México se menciona:
El incremento de la violencia relacionada con el
crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los
defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e
implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a
ocasionar restricciones de derechos indispensables para que las y los
defensores ejerzan su labor (OACDH ONU, 2010:11).
Desde
las organizaciones civiles se consideró que el Presidente debió adoptar
las medidas necesarias para reformar y fortalecer las instituciones de
seguridad pública del país con un programa de depuración, capacitación,
profesionalización y coordinación para hacerlas más eficientes antes de
iniciar una “guerra” contra el crimen organizado. En 2007, Calderón
abandonó el concepto de “guerra” sustituyéndolo por “Estrategia de
Seguridad Nacional”, y en la Ciudad de Mérida, durante la presentación
de su V Informe de Gobierno en la región del Sureste, dividió su
proyecto en tres puntos fundamentales: 1) Contención y debilitamiento de
organizaciones criminales; 2) Fortalecimiento y reconstrucción de las
instituciones de seguridad y justicia; y 3) Restitución del tejido
social y prevención del delito.
A
cinco años de gestión, la política de seguridad de Calderón parece que
no ha dado resultados, según el recuento que hace el semanario Zeta,
hasta noviembre de 2011 se ha llegado a las 60, 420 ejecuciones. El
ombudsman del DF, Luis González Plasencia, presenta otros datos crudos, 4
mil niños muertos 3,700 huérfanos y al menos 400 menores reclutados por
las bandas delincuenciales, y un escenario de 20 mil familias afectadas
por la violencia (Cabildo, 2011). Human Rights Watch (HRW) en
su informe 2011 establece que en México ha crecido hasta en un 65 % la
tasa de homicidios, la impunidad actualmente llega al 90%, y existe un
crecimiento exponencial en las violaciones a los derechos humanos. En su
informe se dice: “En vez de fortalecer la seguridad pública en México,
la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de
violencia, descontrol y temor en muchas partes del país” (HRW, 2011:5).
En
la política migratoria del gobierno de Calderón se afianzó la visión de
securitización al incluir a la migración dentro de la agenda de
seguridad nacional. Ya desde 2001 el gobierno mexicano había
desarrollado un enfoque policial e inquisitorio orientado al control de
flujos con la creación del Plan Sur, que dirigió la política de
migración a aumentar la capacidad de vigilancia, control, inspección y
contención de los flujos migratorios en todo el corredor de la frontera
sur(I). Se incluyó también la participación del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN), el cual, a partir de entonces, fue
involucrado en la práctica de la administración de la migración en
México.
En
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se destacó la importancia que
tenían los flujos migratorios y la incapacidad para controlar los
distintos puntos de internación en el país, y en mayo de 2005 se publicó
en el Diario Oficial el Acuerdo por el que se reconoce al INM como
Instancia de Seguridad Nacional donde se estable una colaboración con el
CISEN.
Posteriormente,
en 2007 se explicitó la visión de securitización con la integración del
dúo migración-seguridad nacional en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, y en el Programa Nacional de Seguridad de 2009 se menciona
explícitamente como una amenaza a la delincuencia organizada, los grupos
armados, el narcotráfico, el terrorismo y la vulnerabilidad en las
fronteras. En 2011, con la promulgación de la Ley de Migración, se
mantuvo el tema de la migración como parte de la seguridad nacional.
Lo
anterior fue percibido por las OC mexicanas, que presentaron en julio
de 2011 el Informe al Relator Especial de Trabajadores Migratorios y
Miembros de sus Familias de la Comisión de la CIDH, en el cual se
indica: “La amenaza consiste en el debilitamiento de los controles
institucionales para el ejercicio de la soberanía en las fronteras. Las
dinámicas migratorias se identifican explícitamente como un riesgo para
la seguridad nacional” (Informe al relator de la CIDH, 2011:20).
El modelo militarista y la visión securitizante que ha seguido el
gobierno federal para combatir el crimen organizado y el narcotráfico no
han considerado medidas de protección a los migrantes y a sus
defensores. Está ausente el enfoque de seguridad humana.
Un gran riesgo
La
inexistencia de un enfoque de derechos humanos en la estrategia de
seguridad del gobierno mexicano, aunada a las fisuras de origen, ha
traído consecuencias colaterales y situaciones no previstas para los
defensores de derechos humanos en el país. Líderes de organizaciones
civiles están padeciendo actos de hostigamiento, amenazas del crimen
organizado y funcionarios estatales, y violaciones a sus derechos a la
vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal relacionadas
presuntamente con su actividad de defensa. En lo que va del gobierno de
Calderón, al menos 63 defensores y luchadores sociales han sido
asesinados. Seis de ellos, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011.
Entre los autores de los crímenes se mencionan comandos armados, grupos
paramilitares, policías y militares (Flores, 2011).
La
OACDH ONU, en la actualización de su informe 2010, dio a conocer que
durante el período de septiembre de 2009 hasta octubre de 2010 se
registraron un total de 37 presuntas agresiones en contra de defensoras y
defensores. Ante esta situación de violencia, el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200
defensores. En el caso particular de las organizaciones civiles que
atienden las necesidades de las personas migrantes y que promueven y
defienden sus derechos, se han vertido distintas denuncias,
especialmente de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana(II), que
presentó en julio de 2011 su “Informe sobre la situación de las y los
defensores de las personas migrantes en México” (DPMH,2011).
En
el mencionado informe se menciona que han sido asesinados dos
defensores de DDHH de migrantes y se han registrado 46 incidentes de
riesgos entre 2010 y 2011. También el entorno de violencia e inseguridad
ha generado el cierre de tres albergues en San Luis Potosí, Tamaulipas y
Chiapas. A lo anterior también se suma el acoso constante contra Fray
Tomás González Castillo, Director del Centro de Derechos Humanos del
Usumacinta y La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes en Tenosique,
Tabasco. Asimismo, tres centros y su personal gozan de medidas
cautelares de la CIDH: el Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec,
Oaxaca; Belem, Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila; y el Centro de
Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por otra parte, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) también ha dado medidas cautelares de
protección a trece centros; entre ellos están los tres arriba
mencionados, así como la Casa del Peregrino Frontera Digna, en Piedras
Negras, Coahuila; la Casa de la Calidad Cristiana, en San Luis Potosí; y
el Albergue San Juan Diego, Lechería, en el Estado de México. Asimismo,
se ha presentado un éxodo de voluntarios extranjeros en Coahuila.
Ante
las agresiones a los defensores de migrantes, el presidente de la
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el Arzobispo de Tijuana,
Rafael Romo Muñoz, sostiene que México se ha convertido un país de
riesgo para el trabajo en favor de los migrantes y para quienes
transitan por su territorio en busca de llegar a Estados Unidos
(Saldierna, 2011).
El
incremento de la violencia en el país y hacia los migrantes ha
intensificado la situación de vulnerabilidad, y la impunidad constituye
el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de los defensores,
porque los deja en un estado de indefensión y desprotección. Las OC
sostienen que existe complicidad entre las autoridades y el crimen
organizado y, hasta cierto punto, son fundadas sus acusaciones. La OACDH
ONU (2010) concuerda con ellas en que “el principal riesgo de los
defensores de las personas migrantes se relaciona con la denuncia de las
actividades del crimen organizado, porque en ocasiones existe
complicidad entre las autoridades y el crimen organizado” (p.21).
Por
otra parte, la secretaria ejecutiva de la DPMH, la religiosa Leticia
Gutiérrez Valderrama, ha denunciado también los constantes ataques de
que son víctimas los agentes de pastoral migratoria (Jóvenes Sin
Fronteras, 2011). Los tipos de violaciones que han sufrido los
defensores según el informe de la DPMH (2010) son:
Privación
del derecho a la vida; privaciones ilegales de la libertad; agresiones
físicas; atentados contra la integridad; hostigamientos; uso arbitrario
del sistema penal; injerencias arbitrarias (robo de información y
allanamiento a oficinas); amenazas; y acciones de deslegitimación del
trabajo de los defensores de derechos humanos de las personas migrantes.
Los
actores de las constantes violaciones que menciona el informe son las
“Policías de los tres niveles de gobierno; el Instituto Nacional de
Migración; el Poder Legislativo local; la delincuencia organizada; la
delincuencia común; los medios de comunicación; y la población civil sin
sensibilizar” (DPMH, 2011).Los defensores de migrantes han tenido que
navegar contra los prejuicios que aún existen en torno a los derechos
humanos en México; existe una criminalización contra los migrantes desde
las esferas estatales, lo que genera obstáculos para el trabajo de los
defensores, y acusaciones de que ellos “defienden a delincuentes” y que
“sólo protestan y no contribuyen” deslegitiman su trabajo. Un número
importante de organizaciones ha tenido que dejar en un segundo plano
temas fundamentales de derechos humanos para centrar su atención en el
de su propia seguridad.
Autoridades
locales utilizan a los medios de comunicación para descalificar el
trabajo de los defensores y difundir una imagen distorsionada de las
causas que los motivan, ocasionando daños a la imagen personal y
aumentando su situación de vulnerabilidad, pero, aún peor, provocando
que la ciudadanía deje de identificarse con el trabajo de defensa de
derechos humanos y restrinja su nivel de solidaridad debido a
sentimientos contra los migrantes y los albergues, como en los casos del
refugio Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca y San Juan Diego, y
Lechería del Estado de México, donde se presentan reacciones hostiles
provenientes de las comunidades (OACDH ONU, 2010).
En
Coahuila, el Congreso Estatal ha estado haciendo llamados a la
federación para que se realicen reformas a la Ley General de Población
con el fin de regular el funcionamiento de las casas del migrante bajo
el argumento de que ahí se albergan personas con antecedentes penales o
de perfil criminal y se evita la intervención de las autoridades.
Prácticamente están criminalizando la labor de los defensores.
Las
descalificaciones también vienen de las autoridades que se encuentran
dentro de la estrategia de seguridad, como las declaraciones del
Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, vertidas a los medios,
en las que acusa a las OC de ser utilizadas por grupos delictivos para
obstruir la labor de los militares. O bien, del Instituto Nacional de
Migración, que en dos ocasiones ha tratado de involucrar al Padre
Solalinde en el delito de trata y de abandono de migrantes. En fin, ante
la indolencia del gobierno mexicano y la ineficacia de sus acciones
para proteger a los defensores de derechos humanos, ha surgido la
necesidad de recurrir a instancias internacionales como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación de los
mismos o litigar casos individuales a fin de lograr la justicia que en
el país no se ha obtenido.•
Bibliografía
I. Avelar Bautista Daniel. “Presupuesto para el 2012, Seguridad y defensa de periodistas” http://www.tamaulipasaldia.com.mx/cms/opinion/50-daniela-avelarbautista/2184-presupuesto-parael-2012-seguridad-y-defensa-deperiodistas.html
II. DPMH (2011) Informe sobre Defensoras y Defensores de las Personas Migrantes en México, http://www.diocesisdesaltillo.org.mx/descargas/defensoras_defensores.pdf
III. Informe al Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión de la CIDH, 2011.
IV. Flores, Nancy, 63 Defensores de derechos humanos asesinados. Revista Contralínea, No. 262, Septiembre 10, 2011.
V. Jóvenes Sin fronteras, Revista de misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, No. 32, octubre de 2011.
VI. Saldierna, Georgina, “Funcionarios buscan intimidar a los defensores de migrantes”, La Jornada, 23-07-2011.
VII.
Loeza Reyes, Laura y Mariana Perez-Levesquez. La sociedad Civil frente a
la militarización de la seguridad publica en México. Revista Nueva
Sociedad, número 227, mayo-Junio, 2010.
VIII.
Human Rights Watch (HRW,2011). “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones,
desapariciones y Tortura en la guerra contra el narcotráfico en
México”. Informe 2011.
IX. OACDHONU (2010) Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. http://www.hchr.org.mx/documentos/libros/informepdf.pdf
X. Actualización
2010, Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo
Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos
en México. Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los derechos humanos: http://www.hchr.org.mx/index.php/publicaciones-y-documentos/248-actualizacion-2010-informe-s
XI. Semanario Zeta, “Quinto año de gobierno: 60 mil 420 ejecuciones, Edición número 1967, 12 de diciembre de 2011.
XII.
Cabildo Miguel “Guerra de Calderón deja 4 mil niños muertos y 3 mil 700
huérfanos: CDHDF”, Proceso No.1832, 24 de noviembre de 2011 http://www.proceso.com.mx/?p=289152
Notas:
I. Desde el Istmo de Tehuantepec, el Golfo de México y la costa del Pacífico, hasta los estados limítrofes con Guatemala y Belice.
II. Dimensión de la Movilidad Humana depende de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
*Publicado originalmente en México Social. Link: [http://goo.gl/JlDzH]
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